Ayudas concesión directa COVID 2021

1. Estar legalmente constituidas con, al menos, dos años de antelación a la fecha de la publicación del acuerdo por el que se aprueban las normas reguladoras y se establece el procedimiento de concesión directa en el BOCM.
2. Carecer de fines de lucro.
3. Estar inscritas, cuando así lo establezca la normativa reguladora, en el registro administrativo correspondiente.
4. Desarrollar su actividad de manera real y efectiva en el territorio de la Comunidad de Madrid.
5. Haber sido su actividad afectada negativamente por la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 y sus consecuencias.
6. Tener entre los fines recogidos en sus estatutos, la atención a personas en situación de vulnerabilidad o exclusión social o a personas con discapacidad y/o enfermedad mental y sus familiares.
7. Apoyar el acceso al mercado de trabajo manteniendo los empleos de los trabajadores por cuenta propia y ajena, apoyando la creación de puestos de trabajo y de calidad del empleo, especialmente para las personas en situación de vulnerabilidad y apoyar los sistemas sociales que contribuyan a la inclusión social, la lucha contra la discriminación y las medidas de erradicación de la pobreza, con especial atención a la pobreza infantil, y mejorar el acceso a los servicios sociales de interés general, también para los niños, las personas mayores, las personas con discapacidad, las minorías étnicas y las personas sin hogar.
8. No tener deudas en período ejecutivo con la Comunidad de Madrid, salvo que las mismas estuvieran debidamente garantizadas.
9. Estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Administración del Estado y con la Seguridad Social, así como hallarse al corriente en el cumplimiento de obligaciones de reintegro de subvenciones, impuestas por las disposiciones vigentes.
10. No encontrarse incursas en las causas de prohibición para obtener la condición de entidad beneficiaria establecidas en el artículo 13.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
11. Cumplir con las obligaciones que, en materia de protección de datos personales, impone al responsable de tratamiento la normativa vigente, tanto el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, como la normativa estatal y sus normas de desarrollo; en particular, en lo relativo a las categorías especiales de datos y/o al ejercicio de los derechos por los titulares de los mismos.

Los requisitos 1 a 7 y el 10 se acreditarán mediante el Anexo I, declaración responsable del representante legal de la entidad solicitante y el 11 siguiendo el modelo del Anexo III.

Los requisitos 8 y 9 se comprobarán de oficio por el órgano instructor, salvo que conste en el procedimiento la oposición expresa de la entidad solicitante o exista una ley especial aplicable que requiera su consentimiento expreso.